Mapa del Sitio
Afiches
  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
e-learning

elearningboton

Fundación Myrna Mack

logotipofunda

EL ORGANISMO JUDICIAL A PRUEBA

La Fundación Myrna Mack ante los recientes acontecimientos suscitados por la desarticulación de una estructura criminal, dedicada a defraudar al fisco, en el corazón mismo de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT–, expresa su profunda preocupación por la resolución adoptada por la titular del Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal, que otorgó medida sustitutiva a seis posibles integrantes de la relacionada estructura, en tanto que remite al resto a prisión preventiva. Dicha medida es ridícula por el monto fijado a la caución económica tomando en cuenta las millonarias cantidades defraudadas al pueblo de Guatemala.

El fundamento de lo resuelto radica en el argumento que indica que los beneficiados con la medida sustitutiva no laboraban en la SAT, mientras los remitidos a prisión preventiva eran funcionarios y empleados de dicha entidad. Esta decisión no considera que se trate de una estructura delictiva única que coloca a sus integrantes en igualdad de condiciones. La exigencia legal para otorgar la medida es que se evite el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad. Cabe entonces preguntar ¿qué criterio se utilizó para establecer que las personas favorecidas con caución económica no presentan peligro de fuga o no pueden obstaculizar la investigación?, tomando en cuenta que, supuestamente pertenecen a la misma organización criminal.

La estructura delictiva fue desarticulada el pasado jueves luego de una investigación de más de un año realizada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG–. Por ello, con el objetivo de asegurar los resultados de estos esfuerzos, resulta más que justificada la renovación del mandato de la Comisión.

El caso coloca al Organismo Judicial a prueba. Se hará imperar la justicia o prevalecerá la interpretación arbitraria de los preceptos legales por parte de los jueces y magistrados. Algunos ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil ya habíamos lanzado la voz de alerta, durante el proceso de selección y elección de magistrados para integrar la Corte Suprema de Justicia y Salas de la Corte de Apelaciones, sobre la necesidad de contar en dichos cargos con personas capaces, idóneas y honradas. El presente caso resulta oportuno para que se demuestre que no solo existió un proceso de elección formal, sino, también por completo legítimo.

Por lo expuesto la Fundación Myrna Mack exige al Organismo Judicial, a través de sus jueces y magistrados, de forma que en el marco del respeto al debido proceso, la integridad, la seguridad y la vida de todos los ciudadanos, se revise la medida adoptada, dejándola sin efecto por contravenir las disposiciones legales pertinentes, además de constituir menoscabo a la integridad misma del Organismo Judicial y violentar incluso el artículo 4 de la Constitución Política de la República.

Instamos a todos los ciudadanos a monitorear la acción judicial de los juzgados, de las Salas de la Corte de Apelaciones, de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad a efecto de que garanticen los derechos básicos plasmados en la Constitución, como lo son el derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad de expresión y sobre todo a la posibilidad de obtener justicia.

Guatemala, 22 de abril de 2015

 

logotipofunda

COMUNICADO DE PRENSA

El Estudio de WOLA deja claro que la CICIG
es un mecanismo imprescindible para el fortalecimiento de la justicia en Guatemala

Mayoría en Guatemala quiere la renovación de la CICIG

La Fundación Myrna Mack reitera su apoyo a favor de la prórroga del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Este anuncio surge un día después de que la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) hiciera público una evaluación sobre la experiencia de la CICIG. ­WOLA es uno de los organismos internacionales más respetados en temas de justicia y seguridad.

"El estudio de WOLA es profundo e integral y encuentra que la CICIG es imprescindible para el país y que ésta debe continuar", dijo Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack. "El estudio abarca diferentes aspectos hasta ahora poco discutidos ante una situación compleja de cooptación del Estado por parte de redes ilícitas".

Adicionalmente, la Fundación Myrna Mack resalta una encuesta recién elaborada por la Cámara de Comercio de Guatemala que reveló el 70 por ciento de sus 750 agremiados está a favor de la renovación del mandato de la CICIG. Según un estudio de más de 2,300 comentarios en las redes sociales, hecha por el Programa de Opinión Pública de la Universidad Rafael Landívar, casi 60 por ciento de los que expresaron una postura sobre el tema manifestaron su aprobación de la continuidad de la CICIG.

"La sociedad guatemalteca está comprometida con el combate a la corrupción y la impunidad, y pide que se renueve el mandato de la CICIG. Esperamos que el Presidente cumpla con la voluntad del pueblo de Guatemala", dijo Mack.

Adicionalmente son muchos los individuos importantes en el país que se han pronunciado a favor de la renovación de la CICIG. Entre ellos están los integrantes del Grupo Garante del Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y Justicia (G4): el Arzobispo Metropolitano de Guatemala Oscar Julio Vian Morales, el presidente de la Alianza Evangélica Guatemalteca Entrevista a Helen MackJorge Morales, el Procurador de Derechos Humanos Jorge de León Duque y el rector de la Universidad de San CHelen-Mack-Sendout 3
arlos, el doctor Carlos Alvarado Cerezo.

También se han pronunciado a favor distintos sectores de la sociedad civil, incluso organizaciones integrantes del Foro Guatemala; la Universidad Rafael Landívar, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES); la Convergencia por los Derechos Humanos, integrado por el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), la Fundación Sobrevivientes, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA), y Seguridad en Democracia (SEDEM); y el Movimiento Pro Justicia (MPJ); compuesto por: Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), Madres Angustiadas (MA) y la Fundación Myrna Mack.

Para el uso de los portales en línea y televisoras, Mack grabó un breve mensaje sobre este tema. Los medios tienen permiso de hacer uso libre del material.

Por favor haga clic aquí para bajar los archivos.

Guatemala, 26 de marzo de 2015

 

Nuevo informe de WOLA sobre la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)

La experiencia de la CICIG: logros, desafíos y lecciones aprendidas

Hoy, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) da a conocer un estudio nuevo sobre la experiencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

WOLA ha venido monitoreando temas de seguridad y justicia en Guatemala por más de cuatro décadas, y ha dado seguimiento al trabajo de la CICIG desde su comienzo. Este informe, titulado "La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG): Un instrumento innovador contra redes criminales y para el fortalecimiento del estado de derecho" se basa en análisis de documentos e informes y entrevistas, e identifica las principales lecciones aprendidas de los casi ocho años de operación de la CICIG en Guatemala.

pdf

Descargar estudio

 

Visitar wola.org

 

invitaforomarzo copy

 

logotipofunda

LA FUNDACIÓN MYRNA MACK ANTE EL IRREGULAR TRASLADO DE LAS JUEZAS
PATRICIA ELIZABETH GÁMEZ BARRERA Y JENNI AIMEE MOLINA MORÁN

A LA OPINIÓN PÚBLICA HACE SABER:

Que la decisión adoptada de trasladar de sus respectivas judicaturas a las juezas Patricia Gámez y Jennie Molina, sin que medien causas suficientes y justificantes, constituye una afrenta a las garantías constitucionales del debido proceso, derecho de defensa y especialmente de independencia judicial, reconocidas en los artículos 12, 14 y 203 de la Constitución Política de la República.

La Corte Suprema de Justicia obvia que para que proceda realizar un traslado de jueces es necesario respetar lo dispuesto en la Ley de la Carrera Judicial, en donde se establece como justificante razones de servicios calificadas mediante la resolución motivada del Consejo de la Carrera Judicial, previa audiencia y compensación económica de los gastos de traslado.

Debe recordarse que tanto la jueza Gámez como la jueza Molina apoyaron a la Dra. Claudia Escobar en el mes de octubre 2014, cuando ésta última denunció los vicios en los procesos de elección de nuevos Magistrados para integrar la Corte Suprema de Justicia, Salas de Apelaciones y tribunales de igual categoría.

Como respuesta a las acciones emprendidas, la Corte Suprema de Justicia implementó en los últimos meses una serie de medidas que incluyen el traslado de jueces, la destitución y despido de funcionarios judiciales. Entre estos últimos cabe citar la destitución del Secretario del Consejo de la Carrera Judicial, cuyo sustituto fue designado sin cumplir con la convocatoria respectiva, el despido de la Directora Supervisión de Tribunales, Rosalba Corzantes, la destitución de Tatiana Morales, funcionaria judicial que interpuso una acción de amparo en contra de los procesos de Comisiones de Postulación realizado en 2014 y, la destitución del Gerente de Recursos Humanos de la Escuela de Estudios Judiciales, entre otros casos.

Los traslados, destituciones y despidos atentan contra el pleno desarrollo de la carrera judicial, la autonomía de la que deben gozar jueces y magistrados, los derechos laborales inherentes a funcionarios judiciales, personal auxiliar y de apoyo, garantías que se encuentran reconocidas tanto en el ordenamiento jurídico interno como en el derecho internacional de los derechos humanos.

Esta situación se suma a la política represiva que conlleva castigos a aquellos jueces en cuya trayectoria defienden la independencia judicial y que no se someten a presiones de ninguna clase.

La Fundación Myrna Mack advierte que este tipo de medidas represivas contrarían la postura que fuera públicamente expuesta por el Organismo Judicial, en cuanto a no dejarse influenciar por señalamientos de ninguna especie, carentes de sustento y que, en todo caso, debe seguirse al pie la normatividad vigente para que puedan tomarse las determinaciones que en derecho correspondan. Estos argumentos fueron esgrimidos para no trasladar a los jueces Jisela Reinoso y Erick Santiago, señalados de corrupción por la CICIG, mientras que en lo relacionado a las juezas Patricia Gámez y Jennie Molina la Corte Suprema de Justicia adoptó una postura manifiestamente contraria.

Por lo manifestado la Fundación Myrna Mack condena enérgicamente el traslado ordenado, ya que en ambos casos la medida adoptada por el Organismo Judicial, a través de su cúpula dirigente, menoscaba la dignidad de las profesionales del derecho aludidas, fomenta la impunidad, además de mostrar un completo desprecio por el Estado de Derecho y el imperio de la ley.

Guatemala, 5 de marzo de 2015

 

beca

 

Pautas para la renovación del mandato de la
Comisión internacional contra la impunidad en Guatemala

MOVIMIENTO PRO JUSTICIA

pdf

Descargar documento

 

 

 
Violencias

botonv1obsviolencias

Concursos
Anuncio