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Fundación Myrna Mack

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LA FUNDACIÓN MYRNA MACK ANTE LA CRISIS
INSTITUCIONAL Y POLÍTICA QUE ATRAVIESA EL PAÍS A LA
OPINIÓN PÚBLICA HACE SABER

Que el clamor popular manifestado por las ciudadanas y ciudadanos es la clara expresión del descontento con la clase política del país, que no ha podido constituirse en mediadora de los anhelos y necesidades de reformas estructurales, sociales, económicas y políticas que la población demanda, viéndose ésta en la necesidad de demostrar su inconformidad y desprecio por la corrupción campante en todas las estructuras estatales.

En este contexto la Fundación llama la atención de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral a efecto que puedan constituirse en defensores del fin esencial del Estado como lo es el bien común.

El bien común entraña la necesidad de que el pueblo de Guatemala pueda contar con las mejores alternativas dentro del proceso electoral en desarrollo, conforme los principios rectores del régimen democrático.

Dichos principios han sido determinados claramente por el Tribunal Supremo Electoral (Acuerdo 147-2014) entre los que cabe destacar la pureza del proceso electoral.

Asimismo ha reconocido el Tribunal la existencia de hechos notorios, que de forma reiterada y evidente, afectan los parámetros en los cuales un evento electoral debe llevarse a cabo. En este ámbito la inscripción de las candidaturas para los puestos de elección popular cobra especial relevancia.

Al analizar los requisitos contemplados en la Constitución Política de la República (art. 113) para optar a cargos públicos, es meritorio reflexionar sobre el tema de la honradez y por extensión de la honorabilidad. La Corte de Constitucionalidad (expedientes 2409-2009, 3755-2009, 3635-2009, 942-2010 y 2143-2014) ha afirmado respecto de la honorabilidad que: "podemos tener una perspectiva de que la finalidad de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, al establecer dicho aspecto en la Constitución Política de la República de Guatemala, como requisito indispensable que debían llenar los ciudadanos que aspiraran ocupar los cargos públicos de alta jerarquía de ciertos órganos establecidos en la misma Constitución, es con el objeto de que los aspirantes a tal dignidad fueran personas que, de acuerdo a su comportamiento personal y profesional, tuvieran una conducta (manifestada en la voluntad de sus actos) que buscaran y procuraran la correcta interpretación de las normas o leyes sociales y jurídicas y, con ello, evidenciaran su inclinación a la debida aplicación a lo justo o la justicia ( o lo que es bueno), lo que podría darles un determinado estado de honor u honorable; y por el contrario, excluir a aquellas personas que atraídos por una falsa apariencia de justicia (o de lo bueno), su actuación tratara de tergiversar o alterar las cosas para obtener un resultado contrario o prohibido por las leyes o las normas sociales y jurídicas" (el resaltado es propio).

Asimismo la Corte de Constitucionalidad, en forma reiterada, ha establecido el principio de unidad constitucional como criterio de interpretación (expediente No. 280-90, expedientes acumulados 1154-2003, 1398-2003, 1460-2003 y 1625-2003; expediente 1994-2009), señalando que la Constitución es un todo unitario, coherente y armónico que compone un contexto sistemático en el que sus normas y partes guardan concordancia y relación entre sí; por ello, ninguna norma o parte puede ser objeto de interpretación aislada o desconectada del resto y del conjunto total, sino que ha de ser interpretada en relación, correspondencia y compatibilidad con el resto y conjunto de normas; debe ser de forma integral y no aislada.

La aplicación del principio de unidad constitucional, como criterio de interpretación, es una obligación conforme lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, debido a que conforma doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber tres fallos contestes de la Corte de Constitucionalidad.

En tal sentido, los derechos reconocidos en los artículos 113 y 136 literal b) de la Constitución deben en consecuencia ser interpretados en conjunto con las disposiciones constitucionales expresadas en los artículos 1, 2, 3, 140, 153 y 154, que establecen que el Estado de Guatemala tiene como propósito la concreción del bien común, el sistema democrático, republicano y representativo de gobierno, así como el imperio de la ley y la sujeción de todos los guatemaltecos a la misma.

Por lo manifestado la Fundación Myrna Mack al Tribunal Supremo Electoral señala lo imprescindible que excluya la inscripción de candidaturas en el Registro de Ciudadanos de aquellas personas de cuya actuación resulte notorio no reúnen las condiciones mínimas exigidas por la Constitución, las normas sociales y los valores éticos de la sociedad guatemalteca.

Guatemala 17 de junio de 2015.

 

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LA FUNDACIÓN MYRNA MACK

ANTE EL PRÓXIMO INICIO DE ACTIVIDADES DE LA MESA TÉCNICA DE ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LAS REFORMAS AL SECTOR JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

A LA OPINIÓN PÚBLICA

HACE SABER:

El Organismo Judicial, como poder estatal encargado de administrar justicia, debe ser eficaz en todas y cada una de sus actuaciones. Para cumplir con su objetivo, debe estar integrado por jueces y magistrados idóneos, capaces, honrados y de reconocida honorabilidad, ya que son ellos quienes tienen la facultad de juzgar y penalizar a todas aquellas personas que vulneren el ordenamiento jurídico, sin importar de quien se trate.

El mecanismo para garantizar que los jueces y magistrados cumplan con los requisitos de idoneidad, capacidad, honradez y reconocida honorabilidad, es fortalecer la Carrera Judicial, ya que de esta manera se evita que influencias de grupos de poder coloquen en los juzgados y altas magistraturas a personas corruptas que les permitan quedar impunes por los delitos que cometen.

La corrupción e impunidad han llevado al Estado de Guatemala a la crisis institucional que está padeciendo y ha obligado a la sociedad a salir a las calles a exigir justicia y no más corrupción; en respuesta, el gobierno de Guatemala ha convocado a integrar mesas técnicas para la discusión de reformas que se consideran primordiales.

La Fundación Myrna Mack se inscribió para participar en la mesa técnica de análisis y estudio de las reformas al sector justicia, pero al recibir como primer insumo la propuesta de reformas a la Ley de Carrera Judicial, se hizo evidente que ésta no busca resolver las deficiencias de fondo que han ocasionado serios problemas en procesos de elección anteriores. El Congreso de la República está incumpliendo con su deber constitucional de ser la voz del pueblo ya que no está recogiendo el clamor popular que exige una administración de justicia libre de corrupción e impunidad.

Preocupa profundamente que la instalación de estas mesas técnicas se esté utilizando como mecanismo para distraer a la sociedad respecto a sus exigencias concretas, proponer reformas superficiales que mantienen intacto el actual funcionamiento del sistema de justicia constituye una burla al pueblo de Guatemala.

Para avanzar en la consolidación del Estado de Derecho, es urgente que el Congreso de la República inicie una discusión seria que persiga una reforma estructural del sistema de justicia, lo cual requiere un análisis integral de las deficiencias de la legislación actual y de las problemáticas que como consecuencia se han suscitado.

Para que el esfuerzo que se está realizando represente un cambio estructural, real y efectivo, se deben atender, como mínimo, los siguientes puntos:

1. Se debe incluir a los magistrados en el sistema de carrera judicial; alcanzar una magistratura debe ser el corolario de un desempeño intachable dentro del Organismo Judicial, por lo que colocar en la Corte Suprema de Justicia, en las Salas de la Corte de Apelaciones y en otros tribunales de igual categoría a abogados sin experiencia en el ejercicio de la judicatura no debe ser permitido por ningún motivo.

2. Se debe evaluar, periódicamente, el desempeño de todos los jueces y magistrados; en los casos en que el ejercicio de la judicatura sea deficiente y/o se estén irrespetando las normas de comportamiento ético del Organismo Judicial[1], deberá separarse inmediatamente a la persona del cargo.

3. El Consejo de la Carrera Judicial debe ser quien verifique que los aspirantes a integrar la Corte Suprema de Justicia y las Salas de la Corte de Apelaciones cumplan con los requisitos exigidos por la Constitución Política y las demás leyes de la materia, así como de realizar las pruebas pertinentes del sistema de oposición, para asegurar que únicamente los mejores ocupen los cargos de juez y magistrado.

4. La actuación de las Comisiones de Postulación se debe limitar al ejercicio de la fiscalización social; éstas deben verificar la honradez y reconocida honorabilidad de los profesionales que integran el listado remitido por el Consejo de la Carrera Judicial para luego, trasladar el listado final al Congreso de la República.

5. Es urgente armonizar los contenidos de la Ley de Comisiones de Postulación, Ley de Garantía a la Imparcialidad de las Comisiones de Postulación y Ley de la Carrera Judicial, a efecto de precisar las atribuciones tanto de las comisiones de postulación como del Consejo de la Carrera Judicial. No se puede permitir que se repitan las irregularidades acontecidas durante los procesos de elección de magistrados para Corte Suprema de Justicia, Salas de Corte de Apelaciones y tribunales de igual categoría del año 2014.

6. Se debe garantizar la inamovilidad y estabilidad de jueces y magistrados desde el momento en que toman posesión del cargo, de conformidad con lo que establece la Constitución Política de la República y las leyes, salvo en casos de incapacidad física o mental, evaluación negativa de su desempeño profesional y faltas a la ética profesional en los casos en que la ley lo establezca.

7. Los jueces y magistrados que sean despedidos por razones fundadas, deberán ser inhabilitados para optar al ejercicio de la judicatura y para ocupar cargos públicos en cualquier otra entidad del sector justicia, de manera definitiva.

8. Se debe regular y garantizar el principio de responsabilidad de los jueces y magistrados; éstos deben responder penal, civil y disciplinariamente de conformidad con lo establecido en la ley.

La justicia es ciega, el requisito para garantizarlo es la independencia e imparcialidad del Organismo Judicial y esto, solamente es posible con jueces idóneos, capaces, honrados y de reconocida honorabilidad.

La Fundación Myrna Mack exige, como muestra de buena fe y de seriedad en el compromiso asumido, que los diputados que integran la mesa técnica de análisis y estudio de las reformas al sector justicia, atiendan los puntos anteriormente expuestos así como todos aquellos tendientes a fortalecer el sistema de justicia nacional, de conformidad con el clamor popular que demanda justicia, no más corrupción y no más impunidad.

Guatemala, 10 de junio de 2015


 [1]Acuerdo 22-2013 de la Corte Suprema de Justicia.

 

Demandan internacionalmente a Guatemala por irregularidades en las elecciones judiciales del 2014

Ciudad de Guatemala, 3 de junio del 2015.El Instituto de la Judicatura, la Fundación Myrna Mack y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), presentaron una denuncia contra el Estado de Guatemala por las graves irregularidades cometidas en las elecciones de integrantes de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones, celebradas en 2014. La demanda, entregada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 26 de mayo, expone el incumplimiento de la normativa interna y de los estándares internacionales sobre procesos de elección judicial...

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LA FUNDACIÓN MYRNA MACK ANTE LA CRISIS

INSTITUCIONAL Y POLÍTICA QUE ATRAVIESA EL PAÍS A LA OPINIÓN PÚBLICA

HACE SABER

Que el clamor popular manifestado por las ciudadanas y ciudadanos es la clara expresión del descontento con la clase política del país, que no ha podido constituirse en mediadora de los anhelos y necesidades de reformas estructurales, sociales, económicas y políticas que la población demanda, viéndose ésta en la necesidad de demostrar su inconformidad y desprecio por la corrupción campante en todas las estructuras estatales.

El reclamo popular exige, sin demoras, la revisión de la normatividad que constituye el andamiaje jurídico estatal, con miras a la reestructuración de los pilares fundamentales sobre los que se sustenta Guatemala. La protesta incluso trasciende los aspectos formales de la legislación al hacer hincapié en la obligación que tienen todos los funcionarios y servidores públicos, de actuar dentro de los cánones éticos aplicables.

En este contexto la renuncia de la vice presidenta de la República es apenas la punta del iceberg, que incluye la deslegitimación sistemática de la gran mayoría de instancias, ministeriales, legislativas y judiciales. Esta deslegitimación produjo un proceso de movilización social que exige cambios sustanciales, que puedan recuperar la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

Por ello es urgente que se proceda con objetividad y teniendo como única meta el bien común, consolidar el proceso de cambio, iniciando para el efecto a través de las siguientes medidas:

1. Realizar un completo cambio del sistema de justicia, que acoja el reclamo del pueblo de tener un auténtico sistema de carrera, que tome en cuenta a los más altos funcionarios del Organismo Judicial, que promueva un sistema de evaluación del desempeño constante, así como de la instauración del principio de ingratitud judicial, por el que los jueces y magistrados solo limiten su actuación al respeto absoluto de la Constitución Política de la República y las leyes, sin sentir que deben lealtad a ninguna otra persona o consideración alguna.

2. El cambio total del sistema político nacional, cuyo primer paso viene dado por las indispensables reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. La transformación debe asumir la transparencia como eje transversal, la cual se traduce al establecimiento claro de las fuentes de financiamiento de cada uno de los partidos. La formación de cuadros técnica, política e ideológicamente sólidos que minimicen el transfuguismo. A su vez debe ser obligatorio que quienes integren los listados de candidatos a ocupar algún puesto de representación popular, gocen de la idoneidad y legitimidad necesarias, a efecto de que resulten adecuados para alcanzar la meta final para la que está constituida la República.

3. La renovación del sistema de servicio civil, el cual debe cimentarse sobre el ideal de contar con personas probas y capaces, cuyos méritos sean los que determinen su presencia en cada una de las instancias de la administración pública. Ello implica la consolidación de un auténtico sistema de carrera, que evalué periódicamente el desempeño, instaure un mecanismo de capacitación continua, sin olvidar un necesario mecanismo de compensaciones, que facilite la exclusión de actos de corrupción y provea los procedimientos adecuados para que, en caso de darse hechos contrarios a la ley, se tomen las medidas disciplinarias y legales que sean meritorias.

4. Este proceso no estará suficientemente iniciado sin que se produzca la necesaria reforma del sistema de contraloría pública y de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, con miras a tornarlos eficientes y eficaces para impedir y denunciar los constantes actos de corrupción en las instituciones estatales.

La Fundación Myrna Mack demanda al Presidente Constitucional de la República a elaborar una nómina de candidatos a terminar el período constitucional vice presidencial que reúnan las calidades y condiciones que la ley y la ética establecen; al Congreso de la República a elegir de dicha terna a la persona que pueda ejercer el cargo de forma proba, eficiente y eficaz, sabedora de la gran responsabilidad que asumirá y de que el pueblo de Guatemala estará vigilante de que su desempeño sea en beneficio de todas y todos los guatemaltecos.

Finalmente insta a todas las ciudadanas y ciudadanos a no cejar en sus reclamos a través de manifestaciones pacíficas, mecanismo popular para hacer valer los derechos reconocidos en la Constitución Política de la República

Guatemala 11 de mayo de 2015.

 

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EL ORGANISMO JUDICIAL A PRUEBA

La Fundación Myrna Mack ante los recientes acontecimientos suscitados por la desarticulación de una estructura criminal, dedicada a defraudar al fisco, en el corazón mismo de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT–, expresa su profunda preocupación por la resolución adoptada por la titular del Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal, que otorgó medida sustitutiva a seis posibles integrantes de la relacionada estructura, en tanto que remite al resto a prisión preventiva. Dicha medida es ridícula por el monto fijado a la caución económica tomando en cuenta las millonarias cantidades defraudadas al pueblo de Guatemala.

El fundamento de lo resuelto radica en el argumento que indica que los beneficiados con la medida sustitutiva no laboraban en la SAT, mientras los remitidos a prisión preventiva eran funcionarios y empleados de dicha entidad. Esta decisión no considera que se trate de una estructura delictiva única que coloca a sus integrantes en igualdad de condiciones. La exigencia legal para otorgar la medida es que se evite el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad. Cabe entonces preguntar ¿qué criterio se utilizó para establecer que las personas favorecidas con caución económica no presentan peligro de fuga o no pueden obstaculizar la investigación?, tomando en cuenta que, supuestamente pertenecen a la misma organización criminal.

La estructura delictiva fue desarticulada el pasado jueves luego de una investigación de más de un año realizada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG–. Por ello, con el objetivo de asegurar los resultados de estos esfuerzos, resulta más que justificada la renovación del mandato de la Comisión.

El caso coloca al Organismo Judicial a prueba. Se hará imperar la justicia o prevalecerá la interpretación arbitraria de los preceptos legales por parte de los jueces y magistrados. Algunos ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil ya habíamos lanzado la voz de alerta, durante el proceso de selección y elección de magistrados para integrar la Corte Suprema de Justicia y Salas de la Corte de Apelaciones, sobre la necesidad de contar en dichos cargos con personas capaces, idóneas y honradas. El presente caso resulta oportuno para que se demuestre que no solo existió un proceso de elección formal, sino, también por completo legítimo.

Por lo expuesto la Fundación Myrna Mack exige al Organismo Judicial, a través de sus jueces y magistrados, de forma que en el marco del respeto al debido proceso, la integridad, la seguridad y la vida de todos los ciudadanos, se revise la medida adoptada, dejándola sin efecto por contravenir las disposiciones legales pertinentes, además de constituir menoscabo a la integridad misma del Organismo Judicial y violentar incluso el artículo 4 de la Constitución Política de la República.

Instamos a todos los ciudadanos a monitorear la acción judicial de los juzgados, de las Salas de la Corte de Apelaciones, de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad a efecto de que garanticen los derechos básicos plasmados en la Constitución, como lo son el derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad de expresión y sobre todo a la posibilidad de obtener justicia.

Guatemala, 22 de abril de 2015

 

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COMUNICADO DE PRENSA

El Estudio de WOLA deja claro que la CICIG
es un mecanismo imprescindible para el fortalecimiento de la justicia en Guatemala

Mayoría en Guatemala quiere la renovación de la CICIG

La Fundación Myrna Mack reitera su apoyo a favor de la prórroga del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Este anuncio surge un día después de que la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) hiciera público una evaluación sobre la experiencia de la CICIG. ­WOLA es uno de los organismos internacionales más respetados en temas de justicia y seguridad.

"El estudio de WOLA es profundo e integral y encuentra que la CICIG es imprescindible para el país y que ésta debe continuar", dijo Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack. "El estudio abarca diferentes aspectos hasta ahora poco discutidos ante una situación compleja de cooptación del Estado por parte de redes ilícitas".

Adicionalmente, la Fundación Myrna Mack resalta una encuesta recién elaborada por la Cámara de Comercio de Guatemala que reveló el 70 por ciento de sus 750 agremiados está a favor de la renovación del mandato de la CICIG. Según un estudio de más de 2,300 comentarios en las redes sociales, hecha por el Programa de Opinión Pública de la Universidad Rafael Landívar, casi 60 por ciento de los que expresaron una postura sobre el tema manifestaron su aprobación de la continuidad de la CICIG.

"La sociedad guatemalteca está comprometida con el combate a la corrupción y la impunidad, y pide que se renueve el mandato de la CICIG. Esperamos que el Presidente cumpla con la voluntad del pueblo de Guatemala", dijo Mack.

Adicionalmente son muchos los individuos importantes en el país que se han pronunciado a favor de la renovación de la CICIG. Entre ellos están los integrantes del Grupo Garante del Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y Justicia (G4): el Arzobispo Metropolitano de Guatemala Oscar Julio Vian Morales, el presidente de la Alianza Evangélica Guatemalteca Entrevista a Helen MackJorge Morales, el Procurador de Derechos Humanos Jorge de León Duque y el rector de la Universidad de San CHelen-Mack-Sendout 3
arlos, el doctor Carlos Alvarado Cerezo.

También se han pronunciado a favor distintos sectores de la sociedad civil, incluso organizaciones integrantes del Foro Guatemala; la Universidad Rafael Landívar, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES); la Convergencia por los Derechos Humanos, integrado por el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), la Fundación Sobrevivientes, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA), y Seguridad en Democracia (SEDEM); y el Movimiento Pro Justicia (MPJ); compuesto por: Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), Madres Angustiadas (MA) y la Fundación Myrna Mack.

Para el uso de los portales en línea y televisoras, Mack grabó un breve mensaje sobre este tema. Los medios tienen permiso de hacer uso libre del material.

Por favor haga clic aquí para bajar los archivos.

Guatemala, 26 de marzo de 2015

 

Nuevo informe de WOLA sobre la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)

La experiencia de la CICIG: logros, desafíos y lecciones aprendidas

Hoy, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) da a conocer un estudio nuevo sobre la experiencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

WOLA ha venido monitoreando temas de seguridad y justicia en Guatemala por más de cuatro décadas, y ha dado seguimiento al trabajo de la CICIG desde su comienzo. Este informe, titulado "La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG): Un instrumento innovador contra redes criminales y para el fortalecimiento del estado de derecho" se basa en análisis de documentos e informes y entrevistas, e identifica las principales lecciones aprendidas de los casi ocho años de operación de la CICIG en Guatemala.

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Descargar estudio

 

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