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Fundación Myrna Mack

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ANTE LA ACTUAL CRISIS POLÍTICA NACIONAL,

AL PUEBLO DE GUATEMALA HACE SABER QUE:

Son diversos los actos de corrupción, componendas políticas y pago de favores que se están evidenciando actualmente y ante esto, el rol que deben desempeñar la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad es fundamental.

Lamentablemente, por razones que la ley no prevé y que el sentido común no logra explicar, dichos órganos jurisdiccionales no han cumplido con la labor constitucional a ellos encomendada y con esto, están siendo cómplices de las aberraciones que se están cometiendo.

Varios ciudadanos han presentado los recursos y acciones legales pertinentes a efecto de frenar las constantes violaciones que se están cometiendo. Uno de ellos, en contra del proceso por el que Manuel Reginaldo Duarte Barrera fue designado por el Congreso de la República para ocupar una magistratura en la Corte de Constitucionalidad, y otro, en contra de la Corte de Constitucionalidad por la ilegal toma de posesión de Duarte Barrera como magistrado de la misma.

Atendiendo a que dichas acciones fueron presentadas previo a que Otto Pérez Molina presentara acciones de amparo en contra del proceso de antejuicio que se está tramitando en su contra, exigimos que la Corte de Constitucionalidad resuelva el interpuesto en contra de la toma de posesión de Duarte Barrera; es inconcebible permitir que un Tribunal ilegítimamente integrado resuelva procesos de trascendencia nacional.

Los amparos interpuestos por Pérez Molina son una clara manifestación de la hipocresía de sus declaraciones, por una parte asegura que se someterá al debido proceso y por la otra, interpone cuanto recurso tiene a su alcance para atacar decisiones que le perjudican. Además, las violaciones que el aún Presidente de la República alega son inexistentes. Primero, argumentar que se está violando el principio que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho, nos lleva a recordarle a él y a sus asesores legales que el antejuicio promovido por el diputado Amílcar Pop se relacionaba con el caso IGSS-PISA, mientras que el promovido por la CICIG y el Ministerio Público se refiere al caso "La Línea"; que Otto Pérez esté siendo señalado por más de un caso de corrupción, no significa que sólo pueda ser diligenciado un antejuicio. Segundo, que la Comisión Pesquisidora no atendiera los requerimientos formulados por Pérez Molina no constituye una violación al debido proceso, nuevamente es de recordarle a él y a su equipo de trabajo que la Comisión Pesquisidora no está obligada a acatar sus instrucciones, tienen la discrecionalidad de determinar la procedencia o no de cualquier solicitud.

En este orden de ideas la Fundación Myrna Mack reclama a Pérez Molina a que en un acto de humildad, de dignidad personal y de respeto al pueblo de Guatemala, lejos de promover acciones constitucionales con fines espurios, acepte someterse al proceso legal y preestablecido que corresponde, en el que tendrá ocasión de ejercer su derecho de defensa, con respeto a la presunción de inocencia como cualquier otra persona en el país. En caso contrario, si continúa en obstinada actitud, solo contribuye al debilitamiento institucional del Estado.

La Fundación exige a ambas Cortes que resuelvan los amparos considerando el propósito primordial para el cual se creó el Estado, la consecución del bien común, que en las actuales condiciones no está garantizado y que si ambas instancias no adoptan las medidas necesarias para su protección, será imposible de alcanzar.

Finalmente demanda del pleno del Congreso de la República que, como representantes del pueblo de Guatemala, escuchen el clamor popular que exige la resolución de la actual crisis política, permitiendo que Pérez Molina sea sometido a la justicia, a efecto que ante juez pueda dilucidar, como lo exige el debido proceso, su situación legal.

Guatemala, 31 de agosto de 2015.

 

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ANTE LA RESPONSABILIDAD QUE TIENE EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA EN LA ACTUAL CRISIS POLÍTICA NACIONAL, LA FUNDACIÓN MYRNA MACK AL PUEBLO DE GUATEMALA HACE SABER QUE:

Reprocha enérgicamente la actitud asumida por la mayoría de diputados de las bancadas de los partidos políticos Libertad Democrática Renovada –LIDER- y Partido Patriota –PP- quienes no asistieron a la sesión durante la cual se conocería del antejuicio promovido en contra del ciudadano Otto Pérez Molina.

El proceder corrupto de los partidos LIDER y PATRIOTA de encubrir la impunidad ha enardecido el clamor popular de la Guatemala profunda, plural y diversa. Incidiendo directamente en la cooptación del Estado por parte de la delincuencia organizada.

La conducta indicada solo demuestra la necedad de los parlamentarios de hacer oídos sordos al clamor legítimo del pueblo de Guatemala, el cual exige que Pérez Molina enfrente la justicia.

De esta forma dejan de manifiesto que únicamente representan y protegen los intereses de personas y grupos que han ocasionado al país daños de incuantificable repercusión. Es más la descarada pasividad de los diputados frente al reclamo popular solo los hace objeto de la más fuerte censura.

Han dejado de ser dignatarios del Estado para convertirse en mezquinos comerciantes del erario público. Por si fuera poco ahora dedicados a defender a ultranza al jefe del Organismo Ejecutivo a través de diversas artimañas legalistas.

Asimismo dejan entrever sus auténticas intensiones respecto al Estado de Guatemala. Resulta notorio que quieren que las actuales circunstancias permanezcan inamovibles, puesto que las mismas les favorecen.

A lo dicho se suma que a pesar que el día de ayer se eligió por sorteo a quienes deberán integrar comisión pesquisidora que debe presentar informe al pleno del Congreso sobre si es meritorio retirar la inmunidad al Pérez Molina, una de las elegidas, la diputada Nineth Montenegro reclamó públicamente la ausencia e imposibilidad de encontrar a quien dirigirá dicha pesquisidora, el diputado Mario Linares.

Por lo expuesto la Fundación Myrna Mack, respalda a la diputada Nineth Montenegro a efecto que el trabajo que se le ha encomendado pueda realizarse en aras de los intereses de todos los guatemaltecos.

La Fundación exige al pleno del Congreso de la República que en un perentorio plazo, decida en definitiva, conforme la Constitución Política de la República y demás leyes ordinarias aplicables, lo que en el corazón de los ciudadanos de Guatemala es lo correcto: investigar y llevar a proceso a Otto Fernando Pérez Molina.

En la ciudad de Guatemala 28 de agosto de 2015.

 

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LA FUNDACIÓN MYRNA MACK

A LA

OPINIÓN PÚBLICA HACE SABER

Que el clamor popular manifestado por las ciudadanas y ciudadanos es la clara expresión del descontento con la clase política del país, representada por los diputados del Congreso de la República, que no ha podido constituirse en mediadora de los anhelos y necesidades de reformas estructurales, sociales, económicas y políticas que la población demanda, viéndose ésta en la necesidad de demostrar su inconformidad y desprecio por la corrupción campante en todas las estructuras estatales.

El reclamo popular exige, sin demoras, la revisión de la normatividad que constituye el andamiaje jurídico estatal, con miras a la reestructuración de los pilares fundamentales sobre los que se sustenta Guatemala. La protesta incluso trasciende los aspectos formales de la legislación al hacer hincapié en la obligación que tienen todos los funcionarios y servidores públicos, de actuar dentro de los cánones éticos aplicables.

En este contexto el reclamo del pueblo es tener un sistema de justicia, cuyos más altos funcionarios respondan a la exigencia constitucional de capacidad, idoneidad y honradez, respetuosos del principio de ingratitud judicial, por el que solo limiten su actuación al respeto absoluto de la Constitución Política de la República y las leyes, sin sentir que deben lealtad a ninguna otra persona o consideración alguna.

Dentro de este contexto la designación llevada a cabo el 2 de julio por el Congreso de la República de Guatemala del abogado Manuel Reginaldo Duarte Barrera, y la posterior toma de posesión del cargo de magistrado de la Corte de Constitucionalidad, violó la Constitución Política de la República en su artículo 12 que reconoce la garantía constitucional del debido proceso y el artículo 160 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

El abogado Duarte Barrera al momento de su designación por el Congreso, continuaba laborando para dicha institución, lo cual conculca la normativa constitucional referida en el párrafo anterior. Puede afirmarse que el designado aún era un empleado del Organismo Legislativo y ello se demuestra con el hecho de que fue hasta el 17 de agosto en que presentó y se conoció su renuncia ante el pleno del Congreso.

No obstante su designación espuria, el abogado Duarte Barrera tomó posesión del cargo de magistrado titular en la Corte de Constitucionalidad, e incluso ha conocido de casos de trascendencia nacional, aún y cuando no le correspondía hacerlo, debido a lo ilegítimo de su nombramiento.

Por las circunstancias descritas, en su calidad de ciudadana, Helen Beatriz Mack Chang ha interpuesto acción constitucional de amparo a efecto de que la Corte de Constitucionalidad de garantizar se integre con personas respetuosas del Estado de Derecho y que gocen de plena independencia en el ejercicio de la magistratura. La referida acción constitucional se suma a una serie de acciones emprendidas por la ciudadana Mack Chang la mayoría de las cuales han sido desatendidas, con miras a que la administración de justicia de Guatemala recupere el rumbo hacia la consecución de la justicia y el respeto debido a los derechos humanos de todos los guatemaltecos.

Guatemala 24 de agosto de 2015.

LA FUNDACIÓN MYRNA MACK

 

A LA

 

OPINIÓN PÚBLICA HACE SABER

 

Que el clamor popular manifestado por las ciudadanas y ciudadanos es la clara expresión del descontento con la clase política del país, representada por los diputados del Congreso de la República, que no ha podido constituirse en mediadora de los anhelos y necesidades de reformas estructurales, sociales, económicas y políticas  que la población demanda, viéndose ésta en la necesidad de demostrar su inconformidad y desprecio por la corrupción campante en todas las estructuras estatales.

 

 

 

El reclamo popular exige, sin demoras, la revisión de la normatividad que constituye el andamiaje jurídico estatal, con miras a la reestructuración de los pilares fundamentales sobre los que se sustenta Guatemala. La protesta incluso trasciende los aspectos formales de la legislación al hacer hincapié en la obligación que tienen todos los funcionarios y servidores públicos, de actuar dentro de los cánones éticos aplicables.

 

 

 

En este contexto el reclamo del pueblo es tener un  sistema  de justicia, cuyos más altos funcionarios respondan a la exigencia constitucional de capacidad, idoneidad y honradez, respetuosos del principio de ingratitud judicial, por el que solo limiten su actuación al respeto absoluto de la Constitución Política de la República y las leyes, sin sentir que deben lealtad a ninguna otra persona o consideración alguna.

 

 

 

Dentro de este contexto la designación llevada a cabo el 2 de julio por el Congreso de la República de Guatemala del abogado Manuel Reginaldo Duarte Barrera, y la posterior toma de posesión del cargo de magistrado de la Corte de Constitucionalidad, violó la Constitución Política de la República en su artículo 12 que reconoce la garantía constitucional del debido proceso y el artículo 160 de  la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

 

 

 

El abogado Duarte Barrera al momento de su designación por el Congreso, continuaba laborando para dicha institución, lo cual conculca la normativa constitucional referida en el párrafo anterior. Puede afirmarse que el designado aún era un empleado del Organismo Legislativo y ello  se demuestra con el hecho de que fue hasta el 17 de agosto en que presentó y se conoció su renuncia ante el pleno del Congreso.

 

 

 

No obstante su designación espuria, el abogado Duarte Barrera tomó posesión del cargo de magistrado titular en la Corte de Constitucionalidad, e incluso ha conocido de casos de trascendencia nacional, aún y cuando no le correspondía hacerlo, debido a lo ilegítimo de su nombramiento.

 

 

 

Por las circunstancias descritas, en su calidad de ciudadana, Helen Beatriz Mack Chang ha interpuesto acción constitucional de amparo a efecto de que la Corte de Constitucionalidad de garantizar se integre con personas respetuosas del Estado de Derecho y que gocen de plena independencia en el ejercicio de la magistratura. La referida acción constitucional se suma a una serie de acciones emprendidas por la ciudadana Mack Chang  la mayoría de las cuales han sido desatendidas, con miras a que la administración de justicia de Guatemala recupere el rumbo hacia la consecución de la justicia y el respeto debido a los derechos humanos de todos los guatemaltecos.

 

 

 

Guatemala 24 de agosto de 2015.

 

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La Fundación Myrna Mack invita a los y las interesadas en ofertar para la CONSULTORÍA:

 Evaluación final del proyecto
“Apoyo a las acciones de promoción de la participación ciudadana”
ejecutado por Fundación Myrna Mack (FMM)

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COMUNICADO DE LA FUNDACIÓN MYRNA MACK SOBRE LAS PROPUESTAS DE REFORMA A LA LEY DE LA CARRERA JUDICIAL

En la actual coyuntura política del país, en la que el reclamo popular exige transparencia y rendición de cuentas, la reforma a la gestión del recurso humano del Organismo Judicial es una necesidad impostergable.

Al reconocer lo imperativo del cambio en la administración de justicia, diversos sectores coincidieron en unir esfuerzos para elaborar una propuesta legislativa que estableciera los principios, normas y procedimientos, así como los órganos necesarios para la administración y operación del sistema de justicia de Guatemala.

Así, bajo los auspicios del Congreso de la República representantes de la Corte Suprema de Justicia, de la Asociación de Jueces y Magistrados, del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, del Instituto de la Judicatura, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República yla Asociación de Investigación y Estudios Sociales, elaboraron un proyecto de reforma a la Ley de la Carrera Judicial.

No obstante, la Corte Suprema de Justicia, en un acto que traicionael acuerdo de trabajo conjunto, elaboró y presentó su propia iniciativa de ley a la Dirección Legislativa del Congreso de la República, misma que carece de los elementos fundamentales para una auténtica reforma al sistema de carrera y que mantiene el control administrativo en manos de la Corte.

Por la situación descrita la Fundación Myrna Mack denuncia que la propuesta presentada, de manera unilateral y arbitrariamente, por la Corte Suprema de justicia no contempla los siguientes puntos:

· La separación entre la función jurisdiccional y la administrativa.

· Que todos los puestos deben salir a concurso por oposición.

· La independencia y permanencia del Consejo de la Carrera.

· Que la evaluación del desempeño incluya el acatamiento a las normas deontológicas aplicables al ejercicio de la judicatura.

Por esto la Fundación exige al pleno del Congreso de la República que al analizar las propuestas de reforma, opten por la que la que reúne los puntos señalados para promover un cambio efectivo y eficaz en la administración de justicia.

Guatemala 9 de julio de 2015.

 

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LA FUNDACIÓN MYRNA MACK ANTE LA CRISIS
INSTITUCIONAL Y POLÍTICA QUE ATRAVIESA EL PAÍS A LA
OPINIÓN PÚBLICA HACE SABER

Que el clamor popular manifestado por las ciudadanas y ciudadanos es la clara expresión del descontento con la clase política del país, que no ha podido constituirse en mediadora de los anhelos y necesidades de reformas estructurales, sociales, económicas y políticas que la población demanda, viéndose ésta en la necesidad de demostrar su inconformidad y desprecio por la corrupción campante en todas las estructuras estatales.

En este contexto la Fundación llama la atención de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral a efecto que puedan constituirse en defensores del fin esencial del Estado como lo es el bien común.

El bien común entraña la necesidad de que el pueblo de Guatemala pueda contar con las mejores alternativas dentro del proceso electoral en desarrollo, conforme los principios rectores del régimen democrático.

Dichos principios han sido determinados claramente por el Tribunal Supremo Electoral (Acuerdo 147-2014) entre los que cabe destacar la pureza del proceso electoral.

Asimismo ha reconocido el Tribunal la existencia de hechos notorios, que de forma reiterada y evidente, afectan los parámetros en los cuales un evento electoral debe llevarse a cabo. En este ámbito la inscripción de las candidaturas para los puestos de elección popular cobra especial relevancia.

Al analizar los requisitos contemplados en la Constitución Política de la República (art. 113) para optar a cargos públicos, es meritorio reflexionar sobre el tema de la honradez y por extensión de la honorabilidad. La Corte de Constitucionalidad (expedientes 2409-2009, 3755-2009, 3635-2009, 942-2010 y 2143-2014) ha afirmado respecto de la honorabilidad que: "podemos tener una perspectiva de que la finalidad de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, al establecer dicho aspecto en la Constitución Política de la República de Guatemala, como requisito indispensable que debían llenar los ciudadanos que aspiraran ocupar los cargos públicos de alta jerarquía de ciertos órganos establecidos en la misma Constitución, es con el objeto de que los aspirantes a tal dignidad fueran personas que, de acuerdo a su comportamiento personal y profesional, tuvieran una conducta (manifestada en la voluntad de sus actos) que buscaran y procuraran la correcta interpretación de las normas o leyes sociales y jurídicas y, con ello, evidenciaran su inclinación a la debida aplicación a lo justo o la justicia ( o lo que es bueno), lo que podría darles un determinado estado de honor u honorable; y por el contrario, excluir a aquellas personas que atraídos por una falsa apariencia de justicia (o de lo bueno), su actuación tratara de tergiversar o alterar las cosas para obtener un resultado contrario o prohibido por las leyes o las normas sociales y jurídicas" (el resaltado es propio).

Asimismo la Corte de Constitucionalidad, en forma reiterada, ha establecido el principio de unidad constitucional como criterio de interpretación (expediente No. 280-90, expedientes acumulados 1154-2003, 1398-2003, 1460-2003 y 1625-2003; expediente 1994-2009), señalando que la Constitución es un todo unitario, coherente y armónico que compone un contexto sistemático en el que sus normas y partes guardan concordancia y relación entre sí; por ello, ninguna norma o parte puede ser objeto de interpretación aislada o desconectada del resto y del conjunto total, sino que ha de ser interpretada en relación, correspondencia y compatibilidad con el resto y conjunto de normas; debe ser de forma integral y no aislada.

La aplicación del principio de unidad constitucional, como criterio de interpretación, es una obligación conforme lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, debido a que conforma doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber tres fallos contestes de la Corte de Constitucionalidad.

En tal sentido, los derechos reconocidos en los artículos 113 y 136 literal b) de la Constitución deben en consecuencia ser interpretados en conjunto con las disposiciones constitucionales expresadas en los artículos 1, 2, 3, 140, 153 y 154, que establecen que el Estado de Guatemala tiene como propósito la concreción del bien común, el sistema democrático, republicano y representativo de gobierno, así como el imperio de la ley y la sujeción de todos los guatemaltecos a la misma.

Por lo manifestado la Fundación Myrna Mack al Tribunal Supremo Electoral señala lo imprescindible que excluya la inscripción de candidaturas en el Registro de Ciudadanos de aquellas personas de cuya actuación resulte notorio no reúnen las condiciones mínimas exigidas por la Constitución, las normas sociales y los valores éticos de la sociedad guatemalteca.

Guatemala 17 de junio de 2015.

 
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