Comunicado de la Fundación Myrna Mack

La Fundación Myrna Mack, ante lo acontecido en el juicio que se desarrolla contra los generales Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez, manifiesta lo siguiente:

Que reflexiona sobre este momento histórico desde la experiencia de los juicios contra el hechor material y los hechores intelectuales del asesinato de Myrna Mack el 11 de septiembre de 1990. Experiencia dolorosa, pero a la vez esclarecedora de los hechos y de la racionalidad detrás de los mismos.

Que ve con preocupación que se repiten rasgos de los exhibidos hace doce años, en los que se niegan los hechos o se les justifica en nombre de la defensa del Estado. 

Que todo miembro adulto de la sociedad guatemalteca sabe que durante el conflicto armado interno fue vulnerada la condición humana de gran parte de la población, especialmente indígena de distintos pueblos mayas. Los ultrajes sufridos y hoy juzgados son reconocidos como crímenes de lesa humanidad.

Que es reconocido que el Estado de Guatemala no sólo no cumplió con la obligación de proteger a sus ciudadanos, sino que, por el contrario, fue desde la jerarquía de sus instituciones que se  perpetraron esos crímenes, lo cual  se refleja de manera patente por la magnitud y las características extremadamente crueles y abominables que los caracterizaron.  

Que lo anterior explica, en gran medida, los graves efectos negativos en la convivencia y desarrollo de las actuales relaciones de la sociedad guatemalteca, como históricamente se ha evidenciado en otras sociedades postconflicto. En este estado actual de ausencia de límites morales influye, si no únicamente sí en gran medida, la impunidad ante tales crímenes.

Que las víctimas que han tenido el coraje de asistir a los tribunales para relatar la tragedia de las muertes de los suyos, las violaciones sexuales sufridas en su niñez, el hambre por la persecución y el desplazamiento han sido sometidas a un nuevo ultraje y revictimización con la anulación de lo actuado en el juicio, decisión en la que dolorosamente vemos que no prevalece la justicia sino los asuntos secundarios procesales de forma en su aplicación, así como la estrategia de la defensa que, ante pruebas abrumadoras, opta por no arriesgarse a una defensa técnica y utiliza medios espurios, lo que demuestra que se litiga de forma maliciosa, para evitar ir a juicio y que se conozca la verdad. Ya veíamos, expresiones del ultraje en el ambiente de intolerancia, amenazas veladas o abiertas  y expresiones de discriminación y racismo que se daban en las semanas que duró el debate.

La Fundación Myrna Mack lamenta y condena que en el orden moral y jurídico, el desarrollo del juicio al que nos referimos corra el riesgo de no constituir un hecho histórico y fundamental capaz de contribuir a  la sanación de las heridas psicológicas y morales de esta sociedad, que no traslade un mensaje claro de “nunca más” y que no abra la perspectiva real de una convivencia pacífica y democrática en la que nadie pueda pisotear la dignidad del otro, independientemente de su extracción social.

Por lo que consideramos que la Sala de Apelaciones y la Corte de Constitucionalidad tienen en sus manos ser coherentes con lo que anteriormente resolvieron, además de que con sus decisiones tienen en este momento la gran responsabilidad de no lanzar por un despeñadero el Estado Democrático de Derecho y la poca confianza que se tiene en el sistema de administración de justicia.

Por otra parte, según el  artículo 54 de la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad,  el cual establece que el funcionario que incumple una orden de amparo, de oficio se le debe ordenar su encausamiento y certificar lo conducente; además que si el funcionario goza de antejuicio se certifique lo conducente al organismo o tribunal que corresponda para que conozca del caso,  por lo tanto exigimos  que se proceda de acuerdo a ley contra la jueza del Juzgado Primero A de Mayor Riesgo.

La esperanza es que los funcionarios judiciales actúen con celeridad e imparcialidad y logren impartir la justicia tan anhelada por los guatemaltecos. El ámbito de la justicia es el ámbito para dirimir las diferencias de manera no violenta. De aquí la importancia de un sistema judicial confiable e incorruptible.

Guatemala, 19 de abril de 2013

GINEBRA (18 de abril de 2013) – “No existe reconciliación justa y duradera si no se satisface efectivamente la necesidad de justicia, tal como lo plantean las normas y estándares internacionales de derechos humanos”, señaló hoy un grupo de expertos de Naciones Unidas en la fase final del juicio por genocidio y crímenes de lesa humanidad contra el ex Jefe de Estado de Guatemala Efraín Ríos Montt, y su ex Jefe de inteligencia, José Mauricio Rodríguez Sánchez.

“Estos procesos de justicia son cruciales para la realización de los derechos de las víctimas, incluidos el derecho a la verdad, la justicia, reconstrucción de la memoria histórica, la reparación y las garantías de no repetición”, señaló el Relator Especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff. “Sin embargo, ninguno de estos elementos pueden concebirse como una alternativa a la justicia.”

Frente a la información recibida por los expertos sobre intentos de injerencia, así como supuestas amenazas e intimidaciones contra los operadores de justicia involucrados en este juicio, la Relatora Especial sobre independencia de jueces y abogados, Gabriela Knaul, recalcó “la necesidad de asegurar un ámbito propicio para el ejercicio de sus funciones.”

Funcionarios judiciales latinoamericanos observarán el juicio a Ríos Montt
 

El 19 de marzo de 2013 se inició un proceso de singular importancia en Guatemala: el juicio contra el ex presidente de facto, general Efraín Ríos Montt. Se trata de la primera vez que un ex presidente latinoamericano es juzgado por el delito de genocidio. El juicio ha transcurrido por cuatro semanas, en medio de un escenario de gran tensión y polarización política.

Durante los 17 meses que Ríos Montt estuvo en el poder se llevó a cabo una campaña de exterminio que derivó en la muerte violenta de miles de personas. Hoy enfrenta un juicio, entre otros cargos, por orquestar la masacre de más de 1.750 ciudadanos de la etnia maya-Ixil en el departamento de Quiché. Según el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala, el conflicto armado en el país dejó un saldo de 200.000 muertos y 50.000 desaparecidos.

Este juicio forma parte del proceso de lucha contra la impunidad que se ha traducido en investigaciones judiciales en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Perú. En algunos de esos países se ha obtenido a la fecha un número importante de sentencias y otros logros que resumimos en el informe adjunto (link al informe).

En este contexto, y durante lo que aparenta ser la última semana, llega a Guatemala una delegación de funcionarios judiciales de América Latina para observar el juicio. Se trata de jueces y fiscales que han intervenido en los procesos de justicia por delitos de lesa humanidad de Argentina, Uruguay, Chile y Perú, con el propósito de observar las audiencias y contextualizar este juicio y el resto de las investigaciones que avanzan en paralelo dentro de la ola de rendición de cuentas por vía de la justicia que experimenta la región.

Además de la observación del juicio, los miembros de la delegación brindarán una conferencia de prensa el día jueves 18 de abril, a las 15:30 horas, en el Hotel Panamerican (9 Calle 5-63 Zona 1, Ciudad de Guatemala).

La delegación se encuentra conformada por los siguientes funcionarios:

•         María del Carmen Roqueta, de Argentina. Vicepresidenta del tribunal oral federal nº 6 de la Ciudad de Buenos Aires. Dictó sentencia en 2012 en la causa por el llamado “Plan sistemático de apropiación de niños” (el secuestro y detención clandestina de mujeres embarazadas para que den a luz a sus hijos y luego entregarlos ilegalmente a familias de militares o allegados). Condenó por este plan al ex general y presidente de la Junta militar que gobernó de facto la Argentina durante la última dictadura militar (1976-1983) Jorge Rafael Videla y a otros altos mandos del Ejército. En su fallo, dictaminó que la práctica de sustracción de niños fue parte del plan sistemático de represión que llevó adelante la dictadura.

•         Alejandro Solís, de Chile. Hasta su retiro en diciembre del año pasado fue uno de los jueces designados por la Corte Suprema de Chile para intervenir en los casos por delitos de lesa humanidad cometidos en dicho país en el marco de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1974-1990). Dictó sentencia en el caso del asesinato del ex general chileno Carlos Prats en Buenos Aires en el marco del Plan Cóndor. Pinochet no pudo ser juzgado en este juicio, pero fue condenado el jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), brazo operativo represivo de la dictadura. Solís fue además muy activo en las causas con entrega de restos a familiares detenidos-desaparecidos.

•         Avelino Guillén, de Perú. Como fiscal superior adjunto estuvo a cargo de investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el ex presidente Alberto Fujimori y los cargos de corrupción y abuso de autoridad. En 2009, Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión por varios crímenes, entre ellos la masacre de Barrios Altos de 1991 y la desaparición forzada de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta en 1992.

•         Mirtha Guianze, de Uruguay. Fue la fiscal más activa en los casos por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar uruguaya (1973-1985). Actuó como parte acusatoria en el caso del ex dictador Juan María Bordaberry (1973-1976), condenado en 2010 a 30 años de prisión por llevar adelante un régimen ilegal dentro del cual se cometieron asesinatos políticos. La condena a Bordaberry es uno de los hechos más significativos del proceso de justicia de Uruguay. Guianze se retiró de su cargo de fiscal en 2011 y en 2012 fue designada en la Institución Nacional de Derechos Humanos (Defensoría del Pueblo u Ombudsman).

Todos ellos son representantes destacados del proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad del Cono Sur, y son ejemplo de cómo el Estado puede asumir la persecución penal de graves crímenes con tribunales nacionales conforme lo dispone la ley, enmarcados dentro del derecho de defensa y debido proceso legal y reforzando los derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado.

La visita es organizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés). El CELS es una organización de derechos humanos de Argentina, con un compromiso por la defensa de los derechos fundamentales en su país y la región. Representa en causas penales por delitos de lesa humanidad que tramitan en Argentina a víctimas y familiares de víctimas argentinas y uruguayas. WOLA es una organización no-gubernamental que desde 1974 promueve los derechos humanos, la democracia y la justicia social por medio del trabajo conjunto con nuestras contrapartes locales en Latinoamérica y el Caribe para influenciar las políticas en los Estados Unidos y el exterior. Ambas organizaciones tienen una amplia trayectoria en trabajo en América Latina y fuertes alianzas con los actores locales.  La delegación cuenta además con el apoyo de la Fundación Myrna Mack de Guatemala, la Iniciativa de Justicia de Open Society (OSJI) y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ).

Contacto de las coordinadoras de la delegación:

Jo-Marie Burt (WOLA) Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesitas activar JavaScript para poder verla

Daiana Fusca (CELS) Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesitas activar JavaScript para poder verla

Teléfono móvil en Guatemala: (+502) 5596-3689

Para solicitar entrevistas con los delegados favor de comunicarse con Marta Paz de la Fundación Myrna Mack: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesitas activar JavaScript para poder verla   Teléfono: (+502) 24140500

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