logo fmm pequeño

 

ANTE LOS HECHOS PROMOVIDOS POR ALGUNOS MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DENUNCIA PÚBLICAMENTE

 

Que desde 2014 se ha reprochado públicamente que el proceso de postulación que permitió la integración de la actual Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones, adoleció de serios vicios, cuyos efectos no tardaron mucho en manifestarse.

De esa cuenta, al menos tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia y varios magistrados de sala de la Corte de apelaciones, han sido objeto de denuncias penales por su posible participación en la comisión de delitos. Este lamentable hecho, no tiene parangón en la historia reciente del país.

En estos momentos que Guatemala atraviesa una crisis institucional y, el Organismo Judicial es el llamado a garantizar la debida interpretación y aplicación de la ley y observar todas sus garantías. Por eso resulta lamentable que la máxima autoridad del Organismo Judicial se preste a dinámicas al margen de la ley, para favorecer a determinadas personas en detrimento del Estado de Derecho.

En el hecho más reciente que vulnera el sistema de justicia del país, magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia emitieron resolución dentro de un expediente de Antejuicio, habiendo dado una interpretación contraria a los hechos y documentos presentados por el Ministerio Público. La resolución confunde al ejecutivo de una telefónica como si se tratare del propietario de la línea asignada al diputado Felipe Alejos Lorenzana.

Efectivamente, la resolución de mantener la prerrogativa de antejuicio a Felipe Alejos Lorenzana hace perder más, aún, la escasa credibilidad y legitimidad del sistema de justicia guatemalteco.

Por ello, corresponde ahora al Ministerio Público, como encargado de dirigir la persecución penal y garante del cumplimiento de la ley, tomar las acciones pertinentes para investigar objetivamente los hechos que han dado a conocer medios de comunicación masiva.

Por una administración de justicia ajustada a la Constitución y las leyes vigentes, que garanticen una tutela judicial efectiva a todas las personas en Guatemala.

 

Guatemala, 17 de enero de 2019